El Gobierno cubano fijó un límite del 30 % a los gastos que incurren las entidades estatales en sus relaciones económicas con las formas de gestión no estatal.
A partir del 1º de julio, para la adquisición de bienes y servicios estas entidades concertarán precios y tarifas “cuya tasa de utilidad máxima no exceda del 30 % sobre el total de los costos y gastos”, detalla la Resolución No. 209 del 25 de junio de 2024, publicada hoy en la Gaceta Oficial de la República de Cuba Ordinaria No. 57.
Serán los consejos provinciales y los consejos de la Administración municipales los facultados para aprobar los precios y tarifas máximas de los bienes y servicios que seleccionen “de entre aquellos que adquieren las entidades estatales provenientes del sector no estatal, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”, agrega la norma.
Según precisa el Ministerio de Finanzas y Precios, esta medida figura entre las estrategias del Gobierno para “corregir distorsiones” y “reimpulsar la economía”, en medio del “alto nivel de inflación alcanzado en los últimos años”.
Pese a las medidas y las nuevas estrategias para “reimpulsarla”, el Gobierno reconoció recientemente que la economía nacional sigue mostrando “un panorama desfavorable”. Así lo admitió en abril el titular del sector, Joaquín Alonso Vázquez, al rendir cuentas ante el Consejo de Ministros sobre el comportamiento económico en el primer trimestre de 2024.
Entonces el funcionario detalló que, entre otros elementos, decrecen los ingresos por concepto de exportaciones y también disminuyen las importaciones, al tiempo que “se incumplen diferentes actividades económicas claves, como las principales producciones agropecuarias, de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad”.
Ley de Empresas en Cuba, necesidad inaplazable
Alonso Vázquez confirmó, además, que más de 300 empresas registran pérdidas en “sectores estratégicos”, mientras “persiste la depreciación del peso cubano por el tipo de cambio informal y, por consiguiente, el incremento de los precios”, apunta la relatoría oficial.
El economista Pedro Monreal cuestionó entonces que a pesar de la difícil situación del sector empresarial en la isla, las autoridades sigan “dando vueltas y más vueltas” al esperado Anteproyecto de Ley de Empresas.
Para el economista Omar Everleny, quien reflexionó para OnCuba sobre esta norma, tiene que superar la disyuntiva entre lo estatal y no estatal, y reconocer los elementos de autonomía empresarial, seguridad jurídica y propiedad que exigen todas las empresas para poder cumplir sus fines.
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